La Procuraduría General de la Nación ante las evidencias recopiladas en la mañana de este miércoles en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá tras la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, ordenó la apertura de investigación y la suspensión por tres meses de ocho funcionarios, entre ellos la directora, la subdirectora y el comandante de custodia y vigilancia.
 
"La medida cobija a Diana Cecilia Muñoz Miguez, directora del centro de reclusión; Katherine Lozano Forero, subdirectora; David Alexander Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia; Julián Segundo Pérez, inspector jefe, y los dragoneantes Yudit Natalia Espinoza Gil, Juan Carlos Becerra Cruz, Diana Montoya Ramos y Luis Alejandro Ballesteros Rincón", se lee en un comunicado del ente disciplinario.
 
El Ministerio Público oficiará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – la orden de suspensión, adoptada como medida cautelar,  de acuerdo con el artículo 157 del Código Disciplinario Único, ante la posibilidad de que con la permanencia en el cargo, función o servicio público, los investigados pudieran interferir en el trámite del proceso.
 
Según la Procuraduría, investigan las razones que habrían llevado a cambiar el nivel de seguridad de Merlano Rebolledo de 1 a 2, lo que implicó que su desplazamiento al Centro Médico de la Sabana, donde estaba previsto que cumpliera la tercera cita de un proceso de rehabilitación oral, no estuviera acompañado de fuerza pública y un grupo operativo, como venía ocurriendo hasta el mes de mayo.
 
"También se investigan las razones que habrían llevado al inspector jefe de El Buen Pastor a cambiar, sin que existiera una orden escrita, al conductor y la dragoneante que acompañaban a la excongresista desde su salida del pena", anotó el Ministerio Público.
 
En las próximas horas, la Procuraduría realizará una inspección en la dirección del Inpec y solicitará las primeras declaraciones en este proceso, entre ellas las del médico ortodoncista que realizaba el tratamiento y las personas que lo asistieron.
 
Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.